Retrasos en obras de cárceles en la Guajira y Magdalena amenazan el patrimonio público
El Ministerio Público alertó que los avances de los proyectos de reclusión no superan más del 50 por ciento de ejecución.
Un panorama desalentador halló la Procuraduría sobre los avances que presentan las obras de construcción de cárceles, en Magdalena y la Guajira, que después de 4 años, a la fecha, presentan un saldo en rojo.
La alerta la hace el ente de control después de requerir información a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- USPEC- sobre estos proyectos que, por sus atrasos, representan riesgos al patrimonio público por las altas inversiones presupuestales de más de 400 mil millones de pesos.
Entre la documentación revisada, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública encontró que las obras de avance de la cárcel de mediana seguridad en la población de San Ángel, Magdalena, con capacidad para 1914 reclusos, apenas presenta una ejecución del 34,94 por ciento.
La situación no es diferente en Riohacha en donde también se construye una cárcel de mediana seguridad y sus trabajos de ejecución apenas llegan al 48,14 por ciento.
Lo anterior evidencia que las modificaciones a los cronogramas y los constantes retrasos en la ejecución de las obras no han permitido el cumplimiento de las condiciones inicialmente pactadas, afectando las metas en cuanto a la disminución del hacinamiento en los establecimientos de reclusión y la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad.
Para la Procuraduría es posible que se haya vulnerado el principio de planeación en materia contractual con respecto a la estimación de los plazos de culminación de las obras, debido a que después de aproximadamente cuatro años desde la suscripción de los contratos de obra e interventoría únicamente se evidencia una ejecución contractual que a la fecha no supera al 50 por ciento.
En ese sentido, el ente de control instó a la USPEC para que adopte los mecanismos jurídicos, financieros y técnicos que sean necesarios y así evitar nuevas modificaciones de las condiciones contractuales y prórrogas que impidan el cumplimiento de entrega de las obras, previstas para junio y diciembre de 2025.
